NOTA DE PRENSA (08/05/2012)

Desde la plataforma en defensa de la Ley de Dependencia de CLM queremos denunciar los graves acontecimientos que, tanto desde el gobierno central como el regional, se están llevando a cabo en referencia a la Ley de Dependencia.
Podemos decir, clara y abiertamente, que nos están mintiendo cuando dicen que están a favor de que la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia siga siendo un derecho, tal y como marca la misma, en lugar de una beneficencia. Pero más grave, es aun, que estén utilizando métodos ilegales para la derogación encubierta de dicha ley, saltándose para ello todas las líneas rojas habidas y por haber.
No les ha bastado la moratoria de un año para la incorporación en el sistema de las personas de nivel moderado y ya reconocidas, que la han ampliado otro año más. No les ha importado el suprimir el segundo cauce de financiación, que viene marcado en dicha ley, con la eliminación de la aportación estatal de 283 millones de euros y la repercusión negativa que ello conlleva. No han tenido suficiente con eliminar servicios fundamentales para las personas en situación de dependencia, incluso eliminando terapias fundamentales para niños en distintos colegios, y, con ello, la destrucción de miles de empleos de los profesionales de los servicios sociales. No, no han tenido suficiente, es más, hasta la señora Cospedal se atrevió a saltarse la ley queriendo que se tuviera en cuenta la situación económica de los familiares cuando solamente se puede apelar a la de la persona en situación de dependencia, eso si, con decir que fue un error le bastó. Esta situación, por poner un símil, es como ir a atracar un banco y si te pillan con decir que era una broma o un error “aquí paz y después gloria”, cuando lo que realmente es un engaño a los ciudadanos y una actuación fascista en toda regla.
Pero como la voracidad de estos personajes no tiene límite alguno, ahora se atreven a pisotear las leyes olvidando que vivimos en una democracia y que nos ampara una Constitución. Para ello, al menos en nuestra región, han empezado una campaña de revisión de valoraciones de personas que ya están en el sistema desde el año 2007. El discurso, por parte del gobierno, se basa en la revisión de grado y nivel por el transcurrir del tiempo, pero es totalmente falso, ya que su único objetivo es revisar los PIA para aplicarles los nuevos criterios y, con ello, quitarles los derechos adquiridos que hasta el momento tienen todas estas personas. Esto es indignante ya que no se busca el beneficio de las personas, sino la finalidad exclusiva de acabar con la ley, tal y como hasta hoy la conocemos, para pasar a un estado de beneficencia puro y duro.
Más grave es, aun si cabe, el dar instrucciones directas a los equipos técnicos de valoración de dependencia de nuestra región para que no ofrezcan en sus resoluciones el cuidado en el entorno familiar, es decir, las prestaciones económicas. Esto, aparte de demostrar una inmoralidad absoluta y de enseñar a la ciudadanía su verdadera cara y la poca vergüenza que tienen estos personajes, es totalmente ilegal. La ley 39/2006, de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, es clara en todo esto, y engloba al cuidador en el entorno familiar como una de las alternativas que pueden elegir las personas en situación de dependencia, sin olvidar, que este es otro cauce de generación de empleo que ofrece la ley y, por supuesto, que una de las esencias fundamentales de la misma es el no romper la estructuración familiar, de ahí, de la necesidad indiscutible de la existencia del cuidador no profesional.
Por todo ello exigimos, al señor Rajoy y a la señora Cospedal, que den marcha atrás ante estas actitudes totalitarias y dictatoriales y, ante la notable persistencia que tiene el gobierno y el PP de eliminar de forma encubierta esta ley, actúen dentro del marco de la legalidad y presenten formalmente, si así lo creen conveniente, una derogación de la misma en el Congreso de los Dipuitados para que sea aprobada, o no, por los representantes legales de los ciudadanos y, a partir de ahí, que se actúe en consecuencia sin tener que llegar a pisotear todos los marcos jurídicos y derechos de los ciudadanos que contempla nuestro sistema democrático, como está empezando a suceder.
De no ser así, exigiremos la dimisión del Presidente del Gobierno y de la Presidenta Regional, ya que ningún gobierno puede basar su legitimidad en el engaño, en acritudes hitlerianas y, menos aun, en ser los abanderados de no cumplir con el marco jurídico y legislativo de nuestro país. Al igual que tomaremos las medidas jurídicas oportunas hacia todo aquel, que teniendo, o no, cargo público, lleve a cabo actuaciones ilegales dirigidas hacia este colectivo, como sería el omitir en las propuestas de PIA al cuidador en el entorno familiar, ya sea por decisión propia o por intimidación u orden de las distintas administraciones públicas o privadas.
Por nuestra parte, no está en el pensamiento entrar en este sucio juego de inmoralidad e ilegalidad, pero, al igual que están haciendo por parte de los distintos gobiernos, no dudaremos en jugar una manita sin que para ello nos tiemble ni un ápice el pulso, porque con nuestros derechos y salud “no se juega”.