El tiempo se acaba para el sector de la asistencia a la Dependencia

Alrededor de un centenar de personas, entre los que se encontraban numerosos trabajadores, se concentraban ante la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) para reclamar al Gobierno regional “soluciones” a la situación que la deuda del Ejecutivo autonómico está generando en las empresas socio-sanitarias.

Una deuda que asciende tan sólo en lo que afecta a los centros residenciales de la región, a 90 millones de euros, y sumando ya más de 100 millones en el conjunto de los servicios asistenciales.

Durante la concentración, se daba lectura a dos comunicados, uno por parte de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), cuyo presidente Alberto Echevarría subrayó que “no se pueden pedir más esfuerzos a los empresarios y trabajadores para mantener la viabilidad de la atención a los dependientes”; y por parte del presidente de la Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam), Francisco Núñez, quien recordó que en los últimos cinco meses “las palabras y las acciones que hemos recibido no están resolviendo la situación”.

A día de hoy, explicaba el presidente de Artecam, las empresas que gestionan ayuda a domicilio en los distintos pueblos y capitales de la región acumulan 10 meses de impago, al igual que las viviendas de mayores y los centros de día, así como las estancias temporales por recuperación o respiro familiar. Por su parte las plazas concertadas y conveniadas en residencias cobraron en octubre las facturas correspondientes al mes de marzo, acumulando así 8 meses de impago.

Núñez recordó así  las distintas reuniones que se han mantenido a lo largo de este tiempo con diversos responsables de la Administración regional. Encuentros de los que únicamente se ha obtenido “la callada por respuesta”.

A día de hoy, ninguno de estos interlocutores ha presentado una sola medida que sirva para paliar la situación, mientras que “la deuda sigue creciendo” y no se están adoptando ninguna de las medidas propuestas como la compensación de la deuda con impuestos y cuotas a la Seguridad Social o un calendario de pagos que permita una mínima financiación por parte de las entidades financieras.

El sector, aseguraba Núñez, “ha cumplido con sus compromisos, hemos dado y seguimos dando un servicio de calidad, y creemos que merecemos algo más que la callada por respuesta”. Por ello consideran que “si alguien tiene que asumir esta situación desde luego no debemos, ni podemos, seguir siendo nosotros, ni nuestros trabajadores, ni nuestros proveedores”.

Desde el sector, tanto por ética como por convencimiento propio, así como por respeto a los usuarios, “de momento no podemos dejar de prestar nuestros servicios, ni optar por otro tipo de medidas de presión ni de mayor trascendencia”, apuntaba el presidente de Artecam.

Más de 146 empresas y 9.000 empleos afectados
Tan sólo en el ámbito de las residencias de mayores, son más de 146 las empresas afectadas por esta situación; que suponen más de 7.000 empleos directos y otros 2.000 indirectos, que están soportando una deuda que asciende ya a 90 millones de euros.

A nivel nacional, y aglutinando a todos los centros que prestan servicios de asistencia a la Dependencia, ascienden a 5.000 los   puestos de trabajo, y fundamentalmente un millón de personas en situación de dependencia a los que se atiende diariamente, los que se ven afectados por esta deuda acumulada de las administraciones públicas.

Una situación, explicaba el presidente de FED, Alberto Echevarría, que las empresas “están manteniendo mediante financiación ajena y bancaria”, algo “cada vez más limitado”.

El retraso de los pagos hace que la situación sea “insostenible”, especialmente para los trabajadores que sin cobrar sus salarios, siguen cumpliendo con sus obligaciones atendiendo a los usuarios que precisan de su ayuda para su vida diaria.

Parones patronales
Desde la patronal de Asistencia a la Dependencia se van a seguir manteniendo los paros patronales cada semana. Unos paros testimoniales, de tan sólo 10 minutos, puesto que no se puede dejar de atender por más tiempo a los usuarios. Se trata de realizar una llamada de atención para que toda la sociedad española conozca la realidad que vive este sector, y que sepa qué está ocurriendo con sus mayores y dependientes. Los esfuerzos, concluía, no se pueden seguir reclamando a empresarios y trabajadores.