Las Cortes aprueban la 'dieta' del gasto regional

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó ayer, con los votos del PP y el rechazo del PSOE, el proyecto de ley que contiene las medidas de ajuste del gasto público con las que el Gobierno regional pretende sanear las arcas regionales y reducir un déficit público superior al 9%.
Los votos del PP sirvieron para rechazar las 55 enmiendas presentadas por el grupo socialista a dicho texto legal, que, a juicio del PSOE, desmantela el actual sistema de prestación de servicios públicos. Entre otras medidas contiene el aumento de la jornada de los empleados públicos de 35 a 37 horas y media y la bajada de su sueldo durante 2012, y entre otros cambios legales supone la derogación de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda o la supresión de la obligatoriedad de destinar el 6% del PIB a Educación. El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, aseguró ante el pleno que son medidas difíciles de adoptar, pero necesarias para sacar a la región de la «ruina» en la que se encuentra. Se trata, en palabras del portavoz del grupo parlamentario del PP, Francisco Cañizares, de la única salida que tiene Castilla-La Mancha para recuperar unas cuentas «destrozadas» por la irresponsabilidad del anterior gobierno.
Sin embargo, los diferentes diputados socialistas que subieron a la tribuna, encabezados por su portavoz, José Luis Martínez Guijarro, argumentaron que, en vez de buscar otras alternativas, el PP usa la crisis como «pretexto» para impulsar un cambio de modelo en el que se deterioran los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos en beneficio de los privados. Y advirtieron de que sólo el aumento del horario de los empleados públicos supondrá la destrucción de 5.000 puestos de trabajo en la administración.
Los efectos de esta norma
Además de las citadas medidas, la ley que ayer fue aprobada incluye otras como la congelación de la oferta de empleo público, la reducción de un 15% de la retribución de las guardias de los médicos o la reducción de la compensación por las bajas médicas hasta el vigésimo día si la incapacidad no tiene su origen en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional.
Se elimina la gratuidad de los libros de texto, pero también desaparece el compromiso de la Junta de mantener un centro educativo en cada localidad con al menos cuatro alumnos o alumnas en Infantil y Primaria, algo que el PSOE considera que será el final de las escuelas rurales.
La nueva ley modifica la ley de Servicios Sociales de la región para establecer, por ejemplo, que sólo se pague a las residencias concertadas por el número de plazas efectivamente ocupadas.
También se suprime el artículo que establece el derecho de los ciudadanos a la valoración gratuita de su nivel de dependencia. La ley de garantías de la atención sanitaria también se ve modificada para aclarar que los pacientes que no sean atendidos en los plazos máximos fijados podrán acudir a otro centro, pero sólo entre aquellos que les oferte su hospital de referencia.
En materia de universidades, la ley mandata a la Junta a dictar normas y procedimientos para el control presupuestario de esos centros. Asimismo, la ley modifica o suprime diferentes acuerdos entre la administración y los sindicatos sobre condiciones laborales y salariales.
Las enmiendas
Las únicas enmiendas que se han sumado al proyecto son las que presentó el PP, entre ellas la que suprime el Sepecam y la que fija el salario mínimo de los empleados públicos en 1.192 euros brutos, de acuerdo con lo pactado en 2009 por el anterior Gobierno y los sindicatos.
No han sido aprobadas las propuestas socialistas, que pretendían mantener el sueldo y el horario de los empleados públicos en las condiciones actuales, garantizar los libros de texto, el transporte escolar y el comedor gratis y que no se suprimiera la obligación de destinar el 6% del PIB a Educación, sino que se retrasase a 2014.