PUBLICADO EN PRENSA (Nota de prensa de la plataforma 17/01/2012)

17.01.2012 09:11
Ante la injusta medida del Gobierno Regional de Castilla la Mancha
"Cospedal implanta una tasa a los dependientes por reconocerles su condición"
El proyecto de ley de ampliación de medidas del plan de ajuste aprobado por el Consejo de Gobierno que presiden Dolores de Cospedal incluye, entre otros recortes, la imposición de una tasa para el colectivo de personas dependientes de la región que solicite su dictamen de reconocimiento de grado y nivel de dependencia, trámite indispensable para poder acceder a las ayudas de la Ley de Dependencia.
Esta última medida del Gobierno regional del PP es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de este sufrido colectivo. Así, la Plataforma por la Dependencia de Castilla La Mancha ha mostrado su absoluta  indignación ante esta medida, que busca los ingresos que no tiene la administración regional entre las personas y colectivos que deberían centrar sus ayudas, no sus afanes recuadatorios.
Según este colectivo, esta medida, además de injusta, supone un escarnio para los dependientes castellano manchegos, ya que, de manera inmediata, tienen que pagar esta nueva tasa si quieren verse incluidos en los listados oficiales para acceder a las ayudas. Sin embargo, y en virtud de la congelación de estas medidas de protección social decretadas por Cospedal, en el mejor de los casos, una persona dependiente no empezará a cobrar las ayudas que ahora se le reconociesen, previo pago de las tasas correspondientes, hasta, como pronto, el próximo año.
La Plataforma de afectados, en un comunicado, ha expresado su estupor ante las medidas aprobadas, subrayando que “seguimos comprobando cómo se hace culpables y responsables de una situación al colectivo que tiene, como única responsabilidad, el haber nacido o haber sufrido durante su vida alguna circunstancia que le ha llevado a estar en situación de dependencia”.
Asimismo, la Plataforma señala que, el auténtico motivo de estas injustas y discriminatorias medidas es ejercer presión sobre el colectivo de discapacitados de la región, para que renuncien a reivindicar y exigir sus derechos frente a una administración regional que trata de boicotear la consolidación y normal desarrollo de la Ley de  Dependencia desde el mismo comienzo de su mandato.