MAS CLARO IMPOSIBLE

04.02.2012 19:32

‘Thatcherización’ de Castilla

MIGUEL LUCAS PICAZO
Trabajadores sin cobrar desde hace meses, viudas a las que se le suprime la subvención de los 400 euros anuales, jóvenes sobrepreparados que tienen que emigrar, aulas con alumnos y sin profesores al no cubrirse las bajas, profesionales e instalaciones sanitarias privatizadas, discapacitados que vuelven a la beneficencia o a sus casas, centros de la mujer cerrados, patrimonio histórico en venta, tasas y servicios incrementados por las nubes, rebajas en los sueldos, empresas que no cobran sus trabajos ya realizados, pagarés basura, la justicia en interinidad permanente, los bosques con sus cuidadores en la calle y la naturaleza desprotegida, inmigrantes abandonados a su suerte, ayudas a domicilio, dependencia, teleasistencia, guarderías y ludotecas bajo mínimos... Así podríamos seguir enumerando muchos servicios y acciones que, en tan solo unos meses, han desaparecido tras muchos años de funcionamiento y que venían contribuyendo a mejorar la calidad de vida en una región como ésta, que tiene difícil, sin ayudas públicas, su equiparación social con el resto de España y Europa. Ya no es que desaparezcan ciertas ayudas y servicios, sino que perderemos, con estas políticas de recortes, toda posibilidad de engancharnos al carro de la modernización, tantas veces perdido. Es falso que la austeridad y los recortes conduzcan, a medio o a largo plazo, a la creación de empleo o a cualquier mejoría económica. Conduce a otro modelo de sociedad que ya conocimos antaño y que es no apto para la equidad social.
Hace ya más de 30 años que de los despojos de Castilla la Nueva y Murcia nacería, al amparo del titulo VIII de la Constitución y de los intereses de alguna fuerza política del momento, esta región que, con el paso del tiempo, conseguiría alcanzar una identidad y un hueco en el mapa de España. Desde aquel entonces, nacemos en hospitales regionales y nos educamos en escuelas administradas por la Junta de Comunidades; buscamos trabajo en el Sepecam ydoctoramos a nuestros licenciados en la Universidad de Castilla-La Mancha; las mujeres se reúnen en las más de mil asociaciones de mujeres existentes en la región y los mayores han podido ver el mar o simplemente calentarse o usar el inodoro por las ayudas públicas concedidas a estos colectivos; recorremos la región por carreteras que han cohesionado el territorio y conservamos la naturaleza mediante una trama de parques y zonas protegidas bajo el amparo europeo; somos solidarios con el agua que, a pesar de su escasez, la trasvasamos a lugares más necesitados y valoramos la agricultura y el mundo rural como pilares importantes para el desarrollo de la región; creamos instrumentos de planificación, como el Consejo Económico y Social, y de control social, como el Defensor del Pueblo; y sobre todo, mucha gente dio sentido a su vida a través de la red de servicios sociales que lograron que la población entendiera que las desgracias no solo se resuelven en casa, sino que son cosa de todos.
Desde luego que también podríamos relatar un extenso listado de agravios y errores cometidos durante estos años (empecinamiento por los aeropuertos de Albacete o Ciudad Real o los trayectos innecesarios del AVE, la ruina de la banca pública por contribuir a la economía especulativa, una universidad multicampus imposible de mantener, olvido de reformas estructurales del sistema productivo, presupuestos desfasados, etc.) pero ello no es óbice para que los actuales gobernantes, hasta ahora y parece que para siempre, no hayan sido capaces de generar otro discurso político que no sea el de la «peor herencia recibida» y la justificación, por tanto, de los recortes y de sustitución del llamado estado de bienestar por el de la caridad y el de pago. Como si las cosas no se pudieran hacer de otra manera, estamos asistiendo al desvalijamiento de lo público y, como única respuesta para su sustitución, la vuelta a la beneficencia, a la caridad, al individualismo y a unos servicios que se ofertarán para aquellos que estén dispuestos a pagarlos. La justicia, la sanidad, la educación, la atención social y el resto de servicios, a partir de ahora, dicen que serán no públicos, sino de calidad y, por ende, «de pago».
Castilla-La Mancha, ya lo dijo Rajoy, es el banco de pruebas pero él sabía que no era necesario inventar nada nuevo puesto que el modelo y sus consecuencias era bien conocido, ya lo aplicó Pinochet, Reagan y, con más ahínco, Margaret Thatcher.