LA TRIBUNA DE TOLEDO

10.01.2012 12:10
Los empleados de las residencias de mayores se encierran en Sanidad
Los representantes de los trabajadores de residencias públicas advierten de que la falta de personal está afectando a su labor y a la calidad del servicio que reciben los usuarios
El comité de empresa del personal laboral de la Junta de Comunidades que presta los servicios sociales de atención a personas mayores y dependientes en la provincia de Toledo, unos setecientos profesionales, comenzó ayer un encierro de protesta en la sede de la Delegación de Sanidad para reivindicar la cobertura de las bajas que se producen en las plantillas de los distintos centros con el fin de garantizar los derechos laborales y el buen servicio que deben recibir los usuarios.
Esencialmente están «en contra» de «la prohibición de contratar personal interino para cubrir bajas; de la supresión de contratos de interinidades por vacante que quedan sin cobertura; de la falta de cobertura por jubilaciones; de situaciones imprevistas de necesidad del servicio que no se cubren; de vacaciones que no se sustituyen; de la no apertura de la Residencia de Mayores del Hospital del Rey»; y, en general, de todos los supuestos en los que «se mantienen las plantillas por debajo de los servicios mínimos».
Los centros afectados son la residencia Barber, en Toledo, la de Torrijos, la de Talavera y otras 18 repartidas por la provincia. También el ICS (de salud mental) de Talavera, el centro ‘Alba’ de Toledo y el mencionado Hospitalito del Rey.
El interlocutor designado por la Consejería para solucionar el conflicto es la coordinadora provincial, María José Rivas, que durante la mañana mantuvo un primer encuentro con los encerrados y se esperaba que a lo largo del día volviera a reunirse con ellos e informales de las posibilidades de llegar a un punto de acuerdo.
El problema, según indica Encarnación Laguna, presidenta del comité de empresa, es que llevan «seis meses» pidiendo respuestas y en la Consejería «nadie da la cara», se van pasando la patata caliente de unos a otros, les remiten a «cargos invisibles o de dudosa competencia» y los efectos de la falta de personal «se eternizan».
«En ese contexto no podemos seguir callados, por eso estamos aquí exigiendo que se nos atienda y se dé solución a asuntos que están provocando mala gestión y mal servicio a usuarios, todo ello a golpe de imposiciones, de incumplimientos de normativas, acuerdos y convenios».
De hecho el comité asegura que lleva seis meses esperando respuestas a varios asuntos que dependen de la comisión paritaria «de los que aún no sabemos nada» ni tienen muchas esperanzas de lograrlo debido a que «cuando se reúne la mesa la Administración no ha estudiado los puntos a tratar se suceden los incumplimientos de la normativa y la actitud negociadora de la Administración se limita a escuchar y pasar página».
Se sumaron al encierro otros representantes sindicales de las consejerías de Fomento, Educación o Medio Ambiente además de algún trabajador a título individual, todos como muestra de solidaridad y también para denunciar que los recortes decretados por la Junta de Comunidades están afectando a otros colectivos.
En este sentido el comunicado elaborado por el comité de empresa se hace eco de «los miles de despidos de personal interino» que ocasionan «pérdida de atención a miles de ciudadanos y de calidad de la atención sanitaria, en centros asistenciales, así como perjuicios a usuarios y trabajadores dependientes de otras consejerías en centros de atención a la infancia, en los centros de enseñanza primaria y secundaria, en la ayuda a domicilio, en los centros de la mujer, en la atención a discapacitados y mayores y tutela de menores».
En opinión de estos representantes de los trabajadores «la reducción de inversión en obras públicas está llevando al desempleo a más de 10.000 personas» y «la reducción de miles de docentes enviados al paro está incidiendo de manera nefasta en la educación de nuestros hijos». También aseguran que «las transferencias de capital a empresas privadas en el sector agrícola pone en peligro el empleo de más de 2.500 personas, que repercutirá en la atención a los servicios de los agricultores y ganaderos».
Laguna espera que el encierro dé resultado, ya sea en forma de entrevista con el consejero de Sanidad o con otro responsable que les informe de la situación y se comprometa a dar soluciones. Dice que este es «el primer paso» pero en caso de obtener resultado se plantearán otras movilizaciones aún sin determinar.