LA LEY DE DEPENDENCIA (LAPAD) ES PUNTO DE DEBATE EN LAS CORTES DE EXTREMADURA

IU apoya el endeudamiento si así se garantiza el desarrollo de la Ley de Dependencia

El portavoz de la Agrupación de Diputados de IU-V-SIEX, Pedro Escobar, consideró esta mañana que la Dependencia no debe formar parte de las políticas que se desarrollan en función de si hay o no recursos. "La atención a la dependencia hay que garantizarla siempre, y si no tenemos dinero, nos endeudamos".

Así lo manifestó Pedro Escobar durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Extremadura, en el que preguntó al presidente del Gobierno regional, José Antonio Monago, si sigue considerando que la atención a la dependencia es el cuarto pilar del Estado de bienestar y que no escatimarán esfuerzos para mejorarla, tal y como anunció la consejera en la comparecencia ante la Comisión de Salud y Política Social de 21 de septiembre.

Al respecto, Monago ratificó lo que dijo la consejera de Salud y Política Social de que la atención a la dependencia es una prioridad para el Gobierno de Extremadura.
Por su parte, el izquierdista recordó que la Ley de la Dependencia fue recibida con mucha esperanza por los ciudadanos, por ello, subrayó que "no puede cuestionarse la dependencia".

Esto le llevó a insistir en que "la atención a la dependencia hay que garantizarla siempre, y si no tenemos dinero, nos endeudamos". Acto seguido, mostró su apoyo al Gobierno regional para acudir al endeudamiento si hace falta para garantizar el desarrollo de dicha Ley.

Monago, en su segunda intervención, señaló que el principal problema existente para desarrollar la Ley de Dependencia es que cada vez hay más personas dependientes, mientras que el Estado cada vez da menos dinero a las comunidades autónomas para el desarrollo de la Ley.

Y como muestra, el presidente informó de que el gasto ejecutado en dependencia creció en 2010 un 19,76 por ciento en Extremadura, mientras que la aportación del Estado disminuyó en un 14,23 por ciento.

En definitiva, según José Antonio Monago, el principal problema al que se tiene que enfrentar la Ley de Dependencia es que no está dotada de la cantidad económica necesaria por parte del Estado, es decir, el Gobierno en funciones de España no ha facilitado a las comunidades autónomas los recursos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la misma.