07.02.2012 16:09
Las medidas de ajuste económico son injustas, muy graves e inaceptables por las personas en situación de dependencia
El coordinador de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia muestra a entremayores su opinión al respecto de la moratoria anunciada por el Gobierno central y las posibles repercusiones que ésta puede tener sobre los afectados
Pregunta.- Como coordinador estatal de las plataformas para la defensa de la dependencia, ¿qué valoración realiza de la reciente modificación de la aplicación de la Ley de Dependencia aprobada por el Consejo de Ministros?
Respuesta.- Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia constituidas por personas en situación de dependencia, familiares, trabajadores, colectivos y entidades sociales (asociaciones, colegios de trabajadores sociales), sindicatos, y ciudadanía en general, consideramos que las medidas de ajuste económico adoptadas por el nuevo Gobierno del señor Rajoy son totalmente injustas, muy graves e inaceptables por las personas en situación de dependencia, porque ataca a uno de los colectivos más débiles, niega los derechos reconocidos por la Ley a los dependientes moderados y no suponen tanto ahorro: a nivel estatal unos 100 millones sobre los 6.000 que cuesta la dependencia anualmente.
P.- ¿Consideran que será una medida eficaz o, por el contrario, qué tipo de vía cree que debería seguir el Gobierno para que el modelo de financiación de la norma sea el adecuado?
R.- Como hemos comentado no suponen tanto ahorro: a nivel estatal unos 100 millones sobre los 6.000 que cuesta la dependencia anualmente. La mejora de la financiación de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Lapad), tanto por parte de la Administración General del Estado como de las comunidades, se alcanzará con cambios en el modelo de financiación: que mejoren las aportaciones a las prestaciones de servicios sin dejar de adaptarse al coste real de los mismos; y que en los próximos presupuestos generales del Estado, se aumenten las dotaciones para asegurar la atención de las personas en situación de dependencia de acuerdo con sus necesidades, de forma que se otorguen más plazas en residencias, en centros de día, en centros ocupacionales y las ayudas a domicilio.
P.- ¿Cómo creen que desde el Gobierno central deben corregir la desigualdad que existe entre las comunidades autónomas para poner en marcha la Ley?
R.- Lamentamos que el señor Rajoy haya tomado como modelo de aplicación de la Ley de Dependencia a la Comunidad Valenciana, exponente claro de paralización de esta Ley y siempre a la cola en relación a otras comunidades autónomas. Ojalá hubiera mirado hacia Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, pero con una buena gestión. Que los nuevos gobernantes cambien la mentalidad para que consideren las dotaciones a la dependencia no como un gasto, sino como una inversión, que hace posible la creación de nuevos puestos de trabajo, tan necesarios actualmente, y al mismo tiempo reinvierten ingresos. Que todas las personas dependientes que tienen reconocido su Grado I de dependencia moderada con nivel 2 con anterioridad a estas nuevas medidas de ajuste, se les otorguen cuanto antes las prestaciones que les pertenecen. Que de una vez por todas desaparezca el limbo de la dependencia y se resuelvan los expedientes a las más de 300.000 personas en situación de dependencia en España, que tienen el derecho reconocido y aún no reciben sus prestaciones económicas o de servicios, en algunas comunidades desde hace más de cuatro años (por ejemplo, Comunidad Valenciana y Canarias).
P.- La Coordinación Estatal de Plataformas se constituyó recientemente, ¿con qué espíritu nació y cuál es la principal reivindicación que realizan en favor de las personas en situación de dependencia?
R.- La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia nació con la intención de aunar esfuerzos para visualizar la aplicación de la Ley, compartir experiencias y estudios de cada una de las comunidades autónomas representadas y exigir a la Administración central la no discriminación territorial en su aplicación. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia es viable. Sólo requiere tener voluntad política para su aplicación y suficiente imaginación, porque perjudicar a los de siempre, a los más desprotegidos es lo más fácil, lo más recurrente y lo que menos posibilita conseguir el ahorro que se pretende. La aplicación correcta de la Ley de Dependencia supone más justicia, más derechos, más puestos de trabajo y más cohesión social. Abogamos por la aplicación de la Ley, en todos sus términos y extensión, sin discriminaciones según el territorio de residencia, la equidad debe ser tomando como ejemplo aquellas comunidades autónomas que lo están haciendo de forma sobresaliente: La Rioja, País Vasco y Castilla y León. Por ahí es donde debemos igualarnos todas las personas en situación de dependencia; y denunciar la situación y las políticas de servicios sociales de comunidades que están a la cola de su aplicación, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y Canarias.